La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) señala que la “igualdad jurídica entre mujeres y hombres” debe guiar todas las políticas públicas locales, alineándolas con la estrategia nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género.
Para cumplir con este mandato, se establece un enlace a las Unidades de Igualdad de Género en la Administración Pública del Estado. Su meta es integrar la perspectiva de género y los derechos humanos en todas las dependencias estatales. Así, se promueve la igualdad sustantiva, un trato digno, el acceso a oportunidades y una participación equitativa en la toma de decisiones, avanzando hacia una sociedad más justa y segura para todas las mujeres.
